En los estados que desde hace años se han negado a ampliar Medicaid para cubrir a un número mayor de adultos de bajos ingresos, quienes ya e...
En los estados que desde hace años se han negado a ampliar Medicaid para cubrir a un número mayor de adultos de bajos ingresos, quienes ya están en el programa no están sujetos a las nuevas reglas de la Ley One Big Beautiful Bill, que les exigirían demostrar que están trabajando para poder obtener y mantener la cobertura.
Pero eso no ha detenido a legisladores de Florida que, de todos modos, están tratando de imponer requisitos de trabajo para acceder a Medicaid. Hasta ahora, es la única Legislatura de un estado que no ha ampliado el programa que está considerando una medida de esa naturaleza.
“Tienes que ir a trabajar si quieres que tus amigos y vecinos paguen tu atención médica”, sentenció el senador estatal republicano Don Gaetz, impulsor de la propuesta de imponer requisitos laborales para Medicaid que se debate en la Legislatura estatal.
La medida desconcierta a defensores de la atención médica y a expertos en Medicaid. Algunos dudan, incluso, que sea legal bajo la principal ley de política interna del presidente Donald Trump.
“No se pueden cambiar los términos del requisito de trabajo”, afirmó Leo Cuello, abogado y profesor de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, citando las directrices emitidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).
Para Cuello, la situación es clara: “Es un no rotundo”.
Los requisitos de trabajo de Medicaid afectan a Washington, D.C., y a los 40 estados que ampliaron la elegibilidad a todos los adultos sin discapacidad entre 19 y 64 años con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza, como establece la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Eso equivale a un ingreso de $22.025 al año para una persona sola.
A partir de enero de 2027, esos estados deberán exigir a las personas beneficiadas por la ampliación que informen por lo menos 80 horas de trabajo mensuales, educación o servicio comunitario para calificar y mantener la cobertura de Medicaid.
Alrededor de 4 millones de personas están inscritas en el programa de Florida y Gaetz calcula que unas 147.000 son adultos que “podrían y deberían trabajar”.
“Son personas sanas, no tienen niños pequeños en casa y no están cuidando a una persona mayor o a alguien con discapacidad”, dijo. “Sin embargo, reciben beneficios de Medicaid”.
Quienes resultarían afectados por el proyecto de ley del Senado serían principalmente padres de niños de 14 años o más, así como algunos jóvenes de 19 y 20 años, explicó. Un proyecto similar en la Cámara de Representantes de Florida impondría los requisitos de trabajo de Medicaid a padres de niños de 6 años en adelante.
Para calificar para Medicaid en Florida, un adulto en edad laboral sin discapacidad generalmente debe estar cuidando a un niño o a un familiar mayor o con discapacidad, y no puede ganar más del 26% del nivel federal de pobreza, o unos $592 mensuales para una familia integrada por tres personas.
La mayoría de los adultos que no tienen discapacidad y reciben Medicaid ya trabajan, y muchas personas con empleos mal pagados no reciben seguro de salud a través de un empleador, según KFF, una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a KFF Health News.
En Florida, en 2024, entre los adultos solteros de 19 a 64 años que ganaron menos de $15.000 al año, cerca del 17% tenía seguro de salud a través del trabajo.
Los críticos dicen que la propuesta de Florida probablemente dejaría a algunas personas sin seguro, aunque cumplan con el requisito laboral. Esto se debe a que el límite de ingresos para acceder a Medicaid en ese estado es tan bajo que trabajar las 80 horas mensuales exigidas probablemente haría que esas personas superaran el tope permitido y perdieran el derecho a la cobertura.
Sin embargo, tampoco ganarían lo suficiente como para poder acceder a un plan subsidiado en el mercado de ACA.
Michelle Mastrototaro dijo que perdió su cobertura de Medicaid en noviembre del año pasado después de aceptar un trabajo de medio tiempo como asistente de maestra en una escuela primaria de Tampa. Mastrototaro, de 47 años, cuida a un hijo adolescente con discapacidad y probablemente no tendría que cumplir con el requisito de trabajo propuesto en Florida.
Pero dijo que su salario quincenal por trabajar unas 17 horas a la semana la hizo superar el límite de ingresos de Medicaid. Desde entonces ha tenido dificultades para pagar sus medicamentos recetados.
“Lo que estoy ganando es casi nada”, contó Mastrototaro. “Estoy rebuscándomelas como puedo para apenas llegar a fin de mes”.
La propuesta liderada por Gaetz ignora “las duras realidades de lo que implica calificar para Medicaid en Florida”, dijo Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, una organización sin fines de lucro que promueve la ampliación de Medicaid. “A simple vista no tiene sentido”, señaló.
Expertos en Medicaid dicen que la ley federal de reconciliación presupuestaria establece que los estados que no han ampliado Medicaid no pueden exigir requisitos de trabajo.
Un estado que no ha agregado más adultos de bajos ingresos a su programa de Medicaid no puede imponer requisitos laborales a quienes ya tienen cobertura, ratificó Cuello.
Los estados deben cubrir categorías específicas de personas de bajos ingresos —como niños, mujeres embarazadas, algunos padres, adultos mayores y personas con discapacidad— para recibir financiamiento federal para sus programas.
Los estados que han ampliado Medicaid a un grupo limitado de adultos de bajos ingresos, específicamente Georgia y Wisconsin, están obligados a imponer requisitos de trabajo a los nuevos beneficiarios.
El programa de ampliación parcial de Georgia, lanzado en julio de 2023, ya incluye un requisito para que los adultos que ahora son elegibles demuestren al menos 80 horas de trabajo o participación comunitaria. La aprobación federal para el programa expira a finales de diciembre y el estado ha solicitado una prórroga. El programa de Wisconsin deberá implementar los requisitos laborales antes del 1 de enero.
Carolina del Sur solicitó en junio la aprobación federal para ampliar la elegibilidad de Medicaid a padres y cuidadores sin discapacidad de entre 19 y 64 años que ganen entre el 67% y el 100% del nivel federal de pobreza. Eso equivale aproximadamente a entre $18.300 y $27.300 al año para una familia de tres miembros. La solicitud del estado está pendiente ante los CMS y, si se aprueba, implementaría requisitos de trabajo para los adultos que cumplan con las nuevas condiciones.
Gaetz dijo que, si la legislación de Florida se aprueba, el estado desarrollaría un “plan de negocios” para implementar los requisitos de trabajo y luego solicitaría la aprobación de los CMS.
No está claro cuánto costaría, pero la experiencia en estados que ya han aplicado requisitos laborales en Medicaid sugiere que la implementación demandaría un gasto elevado. Los estados deben actualizar sus sistemas de elegibilidad e inscripción, contratar personal adicional e informar al público sobre las nuevas exigencias.
Georgia, por ejemplo, gastó en cambios administrativos alrededor de $54,2 millones, de un total de $80,3 millones destinados al programa entre octubre de 2020 y marzo de 2025, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés). La mayor parte del gasto administrativo —unos $47,4 millones, o 88%— provino del gobierno federal.
La experiencia de Georgia refleja la de otros estados, según un análisis de 2019 de la GAO sobre estados que recibieron la aprobación para implementar requisitos de trabajo de Medicaid durante la primera administración de Trump.
Ese informe se centró en cinco estados —Arkansas, Indiana, Kentucky, New Hampshire y Wisconsin— y estimó que los costos totales serían de $408 millones. Oscilaban entre $6 millones en New Hampshire y más de $270 millones en Kentucky, aunque esas cifras no incluían todos los costos estatales.
“La infraestructura informática de Florida para la recopilación y verificación de información, así como para determinar la elegibilidad, tiene más de 30 años de antigüedad y está siendo reemplazada. Se espera que el proceso se complete en 2028 y que cueste más de $180 millones.
Un análisis legislativo del proyecto de Gaetz estimó que, si 1 de cada 4 personas afectadas por el requisito de trabajo propuesto perdiera la cobertura de Medicaid, el estado podría ahorrar unos $80 millones al año.
Darius, de Florida Voices for Health, dijo que esos posibles ahorros difícilmente parezcan justificar el esfuerzo.
“Requiere que el estado construya este enorme marco regulatorio y reconstruya sistemas y contrate a numeroso personal para perseguir al pequeño número de personas que finalmente se verían afectadas por esto”, explicó.
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